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Muchas instituciones del derecho se basan en procesos mentales afines, como por ejemplo: amnesia y amnistía. Recientes creaciones jurídicas, todavía controvertidas, como el derecho a la verdad, el derecho a la memoria, el derecho al olvido no podrán ser definidas legalmente sin una contribución  de las neurociencias que explique de qué manera operan estos aspectos de la actividad cerebral en la conducta, conocimiento básico previo a cualquier exportación de tales funciones cognitivas individuales al entorno social. La efectividad de políticas colectivas centrales, como las de verdad, justicia y memoria, depende por ello del rendimiento que la neurobiología y la psicología cognitiva puedan realmente asignar a procesos cognitivos como el recuerdo, el olvido y la regulación emocional necesaria para ser equitativos en la apreciación y resolución de los conflictos interpersonales. El estudio de la organización y el funcionamiento del sistema nervioso brinda hoy datos sobre la conciencia, la interacción social, la libertad de la voluntad, la toma de decisiones, la cognición social, el rol de la empatía, el juzgamiento de los demás, etc. que tienen una importante repercusión en aquellos preceptos legales que hacen de estas cuestiones la base o el objeto de su regulación.
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