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También existen ámbitos del conocimiento más institucionales, como la educación legal de los funcionarios de la justicia y los procesos judiciales de conocimiento para la resolución de las controversias sociales. Son estos los ámbitos jurídicos que deben ser confrontados, por ejemplo, con las conclusiones de la neurobiología de la toma de decisiones y con los estudios neurocientíficos acerca de los límites entre procesos conscientes y no conscientes y acerca del trabajo cerebral en la percepción de hechos, su memorización y su reproducción. Asimismo, el derecho es, ante todo, lenguaje y los procedimientos judiciales implican la presentación, reconstrucción y resolución de conflictos sociales por medio de un universo de palabras, por lo cual resulta relevante que el régimen legal consulte la producción neurocientífica dedicada, precisamente, a comprender la estructura cerebral que organiza la funcionalidad de un sistema tan complejo como el lenguaje humano.