Una iniciativa de colaboración interdisciplinaria dedicada a promover una integración innovadora entre las neurociencias y el derecho.
El Instituto de Neurociencias y Derecho (INeDe) tiene por objeto establecer un diálogo entre las ciencias jurídicas y las neurociencias cuyos resultados, desde el punto de vista individual, mejorarán la calidad de vida de las personas, y desde la perspectiva social, mejorarán la calidad de las instituciones jurídicas.
El cerebro es la estructura más compleja del universo y el derecho el instrumento más complejo de las relaciones sociales. Las neurociencias se ocupan de analizar cómo está organizado estructural y funcionalmente el cerebro. Las ciencias jurídicas se dedican a examinar cómo funciona la organización normativa de la sociedad, esa suerte de cerebro social. Entender de qué manera los diferentes elementos del cerebro interactúan, originan y condicionan la conducta humana es indispensable para un sistema jurídico cuya misión es, precisamente, regular las conductas de los seres humanos con la misión de asegurar una convivencia social, pacífica y próspera. El cerebro y las regulaciones jurídico-políticas están íntimamente ligados, pues con el cerebro procesamos la información para una vida en sociedad regida por normas de derecho. Por eso las neurociencias y las ciencias jurídicas cruzan sus caminos y dan a luz un espacio común de saber.
El crecimiento sostenido del conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y su aplicación a diferentes campos disciplinares ha dado lugar a nuevas preguntas, impensadas hace unos años atrás en el ámbito jurídico, que han puesto en discusión cuestiones ético-profesionales que deben ser repensadas por los distintos actores del ámbito del derecho. Es por ello que el desarrollo de las Neurociencias Jurídicasimplica un desafío intelectual y científico en pos de responder estas nuevas preguntas y trasladar a los dominios del derecho, allí donde resulte necesario y legítimo, el progreso en la comprensión de los procesos neurofuncionales que es fruto de la reciente revolución neurocientífica. El conocimiento serio y riguroso aportado por las neurociencias sociales proporciona resultados que impactan directamente en múltiples áreas de relevancia cultural y, específicamente, en la configuración, en comunidades con relaciones intersubjetivas cada vez más complejas, de importantes materias del derecho, que es un fenómeno de la cultura humana. Los hallazgos neurocientíficos de los últimos años son un punto de partida para replantearnos los arquetipos de las instituciones jurídicas afectadas, usualmente conservadas más por un instinto de permanencia que por fundamentos científicamente debatidos y comprobados.
Las decisiones jurídicas, tanto las legislativas como las judiciales, dependen, en temas cruciales, del conocimiento riguroso de aspectos y habilidades mentales, entendiendo a estas últimas como funciones del cerebro, que rigen las capacidades jurídicas, tales como la de ejercer derechos y contraer obligaciones, de estar en juicio, de ser penalmente imputable, de decidir libremente, de inhibir los impulsos, de dar respuestas adaptativas a las demandas del entorno normativo, de ser jurídicamente responsable, de ser veraz como testigo, de ser imparcial como juez, etc.. Muchas instituciones del derecho se basan en procesos mentales afines, como por ejemplo: amnesia y amnistía. Recientes creaciones jurídicas, todavía controvertidas, como el derecho a la verdad, el derecho a la memoria, el derecho al olvido no podrán ser definidas legalmente sin una contribución  de las neurociencias que explique de qué manera operan estos aspectos de la actividad cerebral en la conducta, conocimiento básico previo a cualquier exportación de tales funciones cognitivas individuales al entorno social. La efectividad de políticas colectivas centrales, como las de verdad, justicia y memoria, depende por ello del rendimiento que la neurobiología y la psicología cognitiva puedan realmente asignar a procesos cognitivos como el recuerdo, el olvido y la regulación emocional necesaria para ser equitativos en la apreciación y resolución de los conflictos interpersonales. El estudio de la organización y el funcionamiento del sistema nervioso brinda hoy datos sobre la conciencia, la interacción social, la libertad de la voluntad, la toma de decisiones, la cognición social, el rol de la empatía, el juzgamiento de los demás, etc. que tienen una importante repercusión en aquellos preceptos legales que hacen de estas cuestiones la base o el objeto de su regulación.
Otro de los campos fecundos para el progreso de esta doble perspectiva científica está vinculado a los estudios
sobre los mecanismos cerebrales del conocimiento humano. El conocimiento es un elemento central de los sistemas jurídicos. Innumerables relaciones de derecho están determinadas por lo que las personas saben en una situación concreta: conocimiento de la ley, percepción de circunstancias fácticas, bases cognitivas de las decisiones morales, etc. También existen ámbitos del conocimiento más institucionales, como la educación legal de los funcionarios de la justicia y los procesos judiciales de conocimiento para la resolución de las controversias
sociales. Son estos los ámbitos jurídicos que deben ser confrontados, por ejemplo, con las conclusiones de la neurobiología de la toma de decisiones y con los estudios neurocientíficos acerca de los límites entre procesos conscientes y no conscientes y acerca del trabajo cerebral en la percepción de hechos, su memorización y su reproducción. Asimismo, el derecho es, ante todo, lenguaje y los procedimientos judiciales implican la presentación, reconstrucción y resolución de conflictos sociales por medio de un universo de palabras, por lo cual resulta relevante que el régimen legal consulte la producción neurocientífica dedicada, precisamente, a comprender la estructura cerebral que organiza la funcionalidad de un sistema tan complejo como el lenguaje humano.
En última instancia, se trata del estudio de la relación entre las capacidades cognitivas del ser humano y la cognición social con el objetivo de guiar normativamente la vida  comunitaria para el mayor bienestar de todos. Con prudencia y moderación es preciso evaluar la resonancia que la investigación neurocientífica, con sus enigmas y sus desafíos, tiene para las arraigadas convicciones en las que se asientan las relaciones sociales, convicciones que, como en el caso de la responsabilidad jurídica fundada en el libre albedrío, representan el entendimiento que el ser humano tiene de sí mismo. Justamente los estudios neurocientíficos ayudan a comprender qué y cómo somos, de modo que sus resultados, que implican una transformación cultural que despierta tanta euforia como temor, no pueden, sin embargo, ser ignorados por ese artificio cultural que es el derecho, pues ofrecen una visión sin precedentes del funcionamiento del cerebro que modifica la comprensión tradicional de conceptos como la conciencia y la libertad de la voluntad, entre otros. Al ser tendidos estos puentes existirán, por supuesto, coincidencias entre ambas disciplinas, pero también discrepancias. A partir de los avances neurocientíficos y de sus pruebas empíricas, que son producto de tests cognitivos y de herramientas de alta tecnología como las neuroimágenes, surgen preguntas nuevas y esenciales para el ordenamiento jurídico, preguntas que, aunque resulten incómodas, deben ser bien formuladas para que puedan ser contestadas de modo correcto. En este paso, naturalmente, la ciencia jurídica realizará una fiscalización presidida por los valores políticos de un Estado constitucional y democrático de derecho, que es objeto de estudio también de las neurociencias sociales y que representa el rasgo más cabal de la inteligencia colectiva en su misión de construcción permanente de una sociedad integrada, igualitaria y desarrollada.
Siguiendo lo dicho anteriormente respecto a la interacción e implicancias entre neurociencias y ciencias jurídicas, el INeDe se propone promover la investigación científica para examinar las posibles interacciones bidireccionales entre el mundo del derecho de los recientes hallazgos en el estudio del cerebro, sin perder de vista sus limitaciones. Es importante entender qué aprende el derecho de las neurociencias y qué pueden aprender estas últimas del derecho. El Instituto canaliza una reflexión conjunta y consensuada entre juristas y neurocientíficos para analizar de modo sistemático y crítico en qué ámbitos y en qué medida los estudios sobre el funcionamiento de los procesos mentales pueden ser utilizados válida y eficazmente para producir innovaciones en el sistema legal. Se trata de un debate que abre múltiples campos de investigación y que trasciende saberes y fronteras, puesto que la discusión sobre cerebro y derecho es necesariamente interdisciplinaria e internacional. La discusión está planteada y no puede ser ignorada. El INeDe opera como una red de investigación y docencia para
introducir a abogados, jueces y otros actores del sistema legal en los aportes de las neurociencias que son relevantes para el mundo del derecho. Se persigue reflejar en las doctrinas y prácticas legales el estado actual de la comprensión del funcionamiento de la mente, según los resultados que emergen de la investigación neurocientífica.

Miembros

Dr. Facundo Manes
Director

Dr. Pablo Richly
Sub-director

Dr. Julián Bustin
Sub-director